Reforma migratoria y justicia

TODO EL mundo, entre la clase política y los medios de comunicación, parece convencido de que finalmente "los astros se han alineado" para la aprobación de una reforma migratoria integral.

El Grupo de los Ocho, un grupo de senadores de ambos partidos, entre ellos el senador republicano por Florida y favorito del Tea Party, Marco Rubio, ha anunciado un bosquejo de la legislación. Por su parte, el presidente Obama dice que la reforma migratoria es una prioridad, y que en gran medida está de acuerdo con el grupo bipartidista de senadores.

Pero, ¿podemos estar tan seguros de que la reforma migratoria sea aprobada durante este Congreso? Y, aún más importante, si así es, ¿satisfará las necesidades de los trabajadores inmigrantes y sus familias?

La incredulidad en ambas cuestiones no está fuera de lugar, como Cathi Tactaquin y Gerald Lenoir escribieron en el blog de la Red Nacional para la Inmigración y los Derechos de los Refugiados: "Sí, una puerta se ha abierto para la reforma migratoria. Pero el camino de la reforma está lleno de piedras y es muy posible que lo que veamos al final sea algo muy por debajo del estándar de justicia. La alineación política en torno a la inmigración tanto en la Cámara como en el Senado sigue siendo peligrosa, y el peligro estará en los detalles de cualquier "acuerdo" de reforma migratoria".

LA REFORMA migratoria sólo fue catapultada al tope de prioridades en Washington por el resultado de las elecciones de noviembre último, cuando latinos y asiáticos, los dos grupos más afectados por la política de inmigración, acudieron a votar en cifras récor, con 7 de cada 10 apoyando a los demócratas. Líderes republicanos, como el senador de Arizona John McCain, advirtieron que su partido debía demoler el muro de hierro de oposición a la reforma migratoria integral, o de lo contrario perdería el voto latino por toda una generación.

Después de prometer que una reforma del "quebrado" sistema nacional de inmigración sería una de sus prioridades para su primer mandato, Obama apenas presionó al Congreso por esta. Pero en cambio, su administración celosamente amplió las políticas anti-inmigrante del expresidente Bush, tales como E-verify y "Comunidades Seguras", las que enquistaron al Departamento de Seguridad Interna mucho más firmemente en la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes del país.

Como resultado, el primer gobierno de Obama deportó inmigrantes a una tasa casi 60 por ciento más alta que la administración Bush.

Lo más cerca que una legislación migratoria estuvo de ser aprobada en los últimos 4 años fue durante la sesión saliente del Congreso tras la victoria republicana en la elección legislativa de 2010. En dos ocasiones, el Senado, controlado por los demócratas, no consiguió romper las tácticas filibusteras de los republicanos y pasar una muy diluida versión del Acta DREAM.

El Acta DREAM, que tiene como objeto dar un "camino condicional a la ciudadanía" para los jóvenes inmigrantes que han crecido buena parte de sus vidas en EE.UU., han languidecido en el Congreso desde 2001. En 2010, para apaciguar a los críticos de derecha, sus patrocinadores demócratas redujeron considerablemente su aplicación e incluyeron una serie de restricciones de manera gratuita, como prohibir a los indocumentados participar en las bolsas de seguros de salud creadas por la reforma de salud de Obama.

Pero cuando llegó el momento de votar en el Senado, incluso estas concesiones no bastaron para alcanzar el 60 por ciento necesario para romper el obstruccionismo republicano. Cinco senadores demócratas votaron en contra del Acta DREAM o se abstuvieron, sellando así su destino.

Obama, quien fungió como mero espectador mientras el Acta era derrotada, decidió dejar de lado la reforma migratoria hasta junio de 2012. Entonces, presionado por las protestas de los jóvenes indocumentados, entre ellos una sentada en sus oficinas electorales en Denver, Obama emitió una orden ejecutiva de "acción diferida", implementando algunas de las disposiciones del Acta DREAM y deteniendo deportación un limitado número de jóvenes inmigrantes.

A pesar de no hacer de la reforma migratoria una parte central de su campaña de reelección, la orden ejecutiva de Obama reavivó la fe de muchos inmigrantes en que él finalmente rompería el estancamiento migratorio en su segundo mandato. Según la encuesta Decisión Latina de noviembre 2012, el 58 por ciento de los latinos en el padrón electoral dijo que la orden de "acción diferida" los entusiasmó a votar por Obama.

Vale la pena recordar este trasfondo al considerar las perspectivas de la aprobación de una reforma migratoria esta vez.

Todos los recientes esfuerzos de reforma han tratado de combinar duras medidas de "aplicación de la ley" con algunas iniciativas para legalizar por lo menos a algunos de los indocumentados, bajo la rúbrica de una "vía a la ciudadanía".

Tal como está, "ambos lados" del debate bipartidista migratorio están de acuerdo en aumentar la "seguridad fronteriza". Pero la "vía a la ciudadanía" tiene menos apoyo entre los políticos, a pesar de que las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los estadounidenses apoya un status legal para los inmigrantes indocumentados que han vivido y trabajado en el país.

Todos estos años, la formula ha sido la misma: tratando de ganarse el favor de los críticos republicanos, los demócratas aceptan más y más propuestas de "seguridad" con la esperanza de que la derecha acepte alguna "vía a la ciudadanía". Esto ha tenido el efecto de hacer que las propuestas de reforma migratoria se vuelvan cada vez más punitivas y represivas, sin nunca satisfacer a los críticos derechistas.

En su bosquejo, el Grupo de los Ocho ha adoptado la idea de una tarjeta de identificación biométrica obligatoria que todos los inmigrantes, o incluso todos los ciudadanos, pueden verse obligados a portar. Pero para muchos en el Partido Republicano, ni siquiera "un muro de Berlín en la frontera mexicana", en palabras del diputado por Virginia, Bob Goodlatte, hará que apoyen una "vía a la ciudadanía".

En otras palabras, el camino de menor resistencia ha sido el reforzamiento de la "seguridad fronteriza". Una legislación inicialmente vendida como un intento de obtener justicia para los inmigrantes se ha convertido en poco más que jugosos presupuestos para el aparato represivo a lo largo de la frontera.

Desde 1986, cuando el último importante proyecto de ley reforma migratoria fue aprobado en Washington, varias agencias federales han gastado alrededor de $219 mil millones, "más o menos el costo total del programa del transbordador espacial", según un reporte de la Radio Pública Nacional (NPR) en 2012. Incluso el derechista presidente de la comisión Asignaciones de la Cámara le dijo a NPR que él considera al aparato de seguridad fronteriza como un "mini-complejo industrial", con un interés natural en su propia expansión.

Si simplemente escucháramos los ecos de la derecha, pensaríamos que la "seguridad fronteriza" es una crisis nacional. Sin embargo, dado los efectos de la Gran Recesión, la intensificación de la represión contra los inmigrantes, y algunos cambios en la estructura de los puestos de trabajo disponibles en México, la inmigración neta no-autorizada a través de la frontera sur es hoy prácticamente nula, según el Centro Hispano Pew.

Mientras la "seguridad fronteriza" y la justicia para los indocumentados estén emparejadas en un solo proyecto de ley, y mientras los nativistas intransigentes puedan dinamitar cualquier compromiso, será mucho más fácil echar a pique una reforma migratoria que aprobarla.

DURANTE LOS años recientes de lucha por los derechos de los inmigrantes, dos fuerzas han mantenido con vida la perspectiva de una reforma migratoria. En primer lugar está el incansable activismo de miles de indocumentados y sus partidarios que continúan obligando a los políticos a plantar cara a la cuestión. Pero en segundo lugar, la gran empresa ha buscado una reforma a las leyes de inmigración por sus propios intereses.

Tanto demócratas como republicanos han presentado varios proyectos de reforma migratoria, pero la cuestión siempre ha sido si una reforma desprendida del debate en el Congreso responderá a las necesidades de la gran industria, o si proporcionará una pizca de justicia a los trabajadores indocumentados y sus familias.

Para el capital, el objeto de una reforma migratoria es asegurar una fuerza laboral estable, barata y con limitados (o nulos) derechos. En un extremo del espectro, la patronal presiona por la expansión del programa de visas para trabajadores altamente calificados y educados, especialmente en los campos conocidos como STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El propio Obama a menudo vende su política de inmigración como una forma de ayudar a la competitividad económica de EE.UU. contra sus rivales, como señaló en su discurso de enero en Las Vegas:

Intel fue iniciado con la ayuda de un inmigrante que estudió aquí y luego se quedó. Instagram fue iniciado con la ayuda de un inmigrante que estudió aquí y luego se quedó. Ahora mismo, en una de estas clases, hay un estudiante quebrándose la cabeza para convertir su gran idea, su Intel o Instagram, en un gran negocio. Les estamos dando todas las habilidades que necesitan para hacerlo, pero luego ¿les daremos la espalda y pediremos iniciar su negocio y crear esos puestos de trabajo en China, en India, en México, o en algún otro lugar?

Así no es como se hacen crecer nuevas industrias en Estados Unidos. Así es como se dan nuevas industrias a la competencia. Es por eso que necesitamos una reforma migratoria integral.

En el otro extremo del espectro, la agroindustria y las industrias de servicios, como la hotelera, desean ampliar los programas de "trabajadores huéspedes" que les permita reclutar mano de obra inmigrante, según sea necesario. Sin gozar de los derechos que tienen los trabajadores ciudadanos, la fuerza laboral "huésped" sería una fuente de mano de obra barata con la cual socavar las normas laborales y estándares salariales de toda la industria.

A finales de febrero, la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de EE.UU. anunciaron un acuerdo sobre los "principios" para guiar una reforma migratoria. Sin embargo, la falta de muchos detalles en el acuerdo mostró el abismo que todavía existe entre el empresariado y los sindicatos en materia de inmigración.

Los sindicatos aceptaron la propuesta de la Cámara de poner en marcha algún mecanismo para permitir que los inmigrantes trabajen en sectores de servicios con salarios bajos, dejando muchos de los detalles sin resolver para más adelante. El comunicado conjunto AFL-CIO y la Cámara dijo que el acuerdo "provee visas de trabajo de baja-cualificación para responder a las necesidades de los empleadores, mientras protege los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores menos calificados, extranjeros o nacionales"

Sin embargo, tanto depende de las futuras decisiones de lenguaje y contenido en la legislación, como para confiar, contra toda evidencia, que la implementación se hará de buena fe. Este acuerdo puede valer menos que el papel en que está impreso.

En los sectores laborales donde trabajan los vulnerables inmigrantes indocumentados, el robo de salarios por parte de empleadores es rampante, y los actuales programas de visas de trabajadores huéspedes han estado marcados por el abuso generalizado. Como Rebecca Smith, del Proyecto por una Ley Nacional del Empleo dijo a In These Times:

Todos los programas de trabajadores huéspedes centrados en trabajos de bajos salarios tienen una cosa en común: Los empleadores eluden a los obreros estadounidenses disponibles en favor de obreros extranjeros temporales sometidos a condiciones abusivas, hasta e incluyendo la servidumbre por deudas y el tráfico humano.

Se requiere un verdadero salto de fe para creer que la expansión de los programas de trabajadores huéspedes planeada por Obama va a producir resultados diferentes a estos.

EN MEDIO de toda la cháchara sobre reforma migratoria, el único grupo cuyo interés parece estar siendo ignorado es el de los aproximadamente 11 millones de trabajadores indocumentados que hoy en día viven en las sombras.

Todas las supuestamente propuestas "realistas" parecen estar diseñadas para mostrar a sus críticos lo "duras" que son con los indocumentados. Por lo tanto, aunque los detalles todavía no se han anunciado, lo más probable es que la propuesta del Grupo de los Ocho tienda a reforzar el "límite" de visas legales permanentes, que actualmente incluye unos 5 millones de personas, con medidas punitivas.

Exigir a los inmigrantes que han trabajado y pagado impuestos en EE.UU. por años pagar "impuestos atrasados", so pena de "ir a parar al final de la fila" sin garantía alguna de que podrán vivir legalmente con sus familias en los Estados Unidos , socava cualquier noción de justicia en una reforma migratoria.

Lo que realmente se necesita es un sistema que reconozca que en una economía globalizada, los trabajadores necesitan el reconocimiento internacional de sus derechos (a trabajar, a estudiar, a afiliarse a sindicatos y a recibir servicios humanos básicos), sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Un intento de esbozar un marco con este espíritu es el de la Campaña de la Dignidad, una propuesta de unas 40 organizaciones laborales y de inmigrantes de base.

La Campaña de la Dignidad tiene como objetivos poner fin al régimen de represión con el pretexto de la "seguridad fronteriza"; desafiar las políticas económicas neoliberales que han obligado a tantos inmigrantes a buscar alivio en EE.UU.; y exigir un completo estatus legal para los trabajadores inmigrantes en el país.

La Campaña de la Dignidad es sólo uno de los esfuerzos. Otras iniciativas de base están en marcha para avanzar una agenda por los derechos de los inmigrantes que no se conforme con lo que Obama y el establecimiento en Washington están dispuestos a ofrecer.

Como Lillian Galedo, directora ejecutiva de Abogados Filipinos por la Justicia en el Área de la Bahía de San Francisco le dijo a The Nation:

La idea de un acuerdo a tres bandas, es decir, que obtengamos alguna legalización a cambio de programas de trabajadores huéspedes y el aumento del control a la inmigración, ha existido por largo tiempo. Necesitamos una nueva alternativa, basada en ideas mucho más progresistas. No creo que la Campaña de Dignidad sea la única alternativa, pero es un esfuerzo para hablar de lo que realmente queremos, no sólo de lo que los políticos en Washington nos dicen que es políticamente posible o necesario.

Traducido por Damián Reyes